El panorama actual de la población firmante de paz

La guerra marcó la vida de Vicente Ortiz durante más de una década, pero fue después de haber elegido el camino de la paz que adquirió su discapacidad. Aún recuerda el fatídico día de 2018 mientras adecuaba un terreno para sembrar plátanos y yucas, cuando un tronco cayó sobre su espalda, fracturándole una vértebra. Desde entonces ha enfrentado dolor constante y limitaciones físicas que han hecho que incluso las tareas más simples se conviertan en desafíos.

No sabe si se habría fracturado algún otro hueso porque solo se hizo una radiografía. “Yo mantengo mucho tiempo parado y me toca acostarme. Si me mantengo mucho tiempo acostado, me toca pararme”, dice. Ni hablar de ir al baño o recoger algún objeto del suelo porque al agacharse el dolor le corroe. Y los pantalones apretados no son siquiera una opción, pues se le duermen sus piernas. Él no lo piensa dos veces para irse a la tierra de Morfeo. 

Nació hace 48 años entre las llanuras enlagunadas de Puerto Rico, al sur del Meta. Allí vivió hasta los 24, cuando decidió unirse a las filas de las extintas FARC-EP. Se fue “en el 99 cuando empezó la presencia de grupos paramilitares en el área”, recuerda. 

Pero los paramilitares habían arribado dos años antes. Según Verdad Abierta, los ‘paras’ llegaron desde el Urabá Antioqueño hasta los Llanos Orientales, por orden de Vicente y Carlos Castaño. Fueron Jorge Humberto Victoria alias ‘Raúl’ y Elkin Casarrubia alias ‘El Cura’, los encargados de extender el control territorial de las Autodefensas Unidas de Colombia – AUC, iniciando en 1997 una ruta hacia el Meta que luego se extendió a Guaviare, Casanare, Cundinamarca y Vichada. Este grupo pasaría a ser conocido como el Bloque Centauros. 

“Todo era muy inseguro, mataban mucha gente. El que salía a Puerto Rico, a (Puerto) Concordia, a San José del Guaviare, lo mataban”, recordó Vicente. Durante el recorrido que hicieron los paramilitares para llegar a la zona oriental del país, cometieron múltiples crímenes, los más recordados son las masacres de Mapiripán, La Picota y Caño Jabón.

Vicente ya participaba en espacios de índole comunista antes de unirse a las FARC-EP -primero como miliciano y luego como guerrillero-. En la década de los 80 hizo parte de la Juventud Comunista Colombiana – JUCO.

Pero no sintió mucho el cambio cuando decidió dejar la milicia para convertirse en guerrillero en 2005. Desde su llegada a los campamentos el 19 de febrero de 1999, siempre estuvo armado dentro de las Autodefensas Campesinas de Colombia pertenecientes a las FARC-EP y que luego pasaron a llamarse Milicias Bolivarianas, pues no querían ser relacionados con las Autodefensas Unidas de Colombia. 

Su formación política y militar se la debe al trajinar de sus días como insurgente, recibió entrenamiento básico en los campamentos y luego hizo parte de varias comisiones como la de abastecimiento y la de finanzas. También se desempeñó como motorista por el río Ariari y como operador de radio durante ocho años. 

“Yo estuve en el Ariari desde el 99 hasta el 2007 y salí de traslado pa acá pal Guaviare y me quede acá hasta el 2016 que fue el proceso de paz, y que ya llegamos a las Zonas Veredales en ese entonces”. Vicente se refiere a las Zonas Veredales Transitorias de Normalización – ZVTN, que fueron áreas de ubicación temporal hasta la culminación del proceso de dejación de armas. Posteriormente, pasaron a asentarse en los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación – ETCR. 

Su retorno a la vida civil no fue fácil. Después de 16 años en la guerrilla, tuvo que enfrentar la realidad de la vida cotidiana y la falta de seguridad que el fusil le proporcionaba. A pesar de los desafíos, mostró una disposición incansable para ayudar a sus compañeros en el proceso de reincorporación. “Llegamos 80 unidades para ayudar a construir la Zona Veredal, pero de esas 80 unidades permanecimos dos compañeros encargados de la recepción de los familiares de los guerrilleros que venían de visita”, recuerda.

Actualmente, Vicente es representante legal de la cooperativa Campo Guaviare y apoya el liderazgo en el ETCR de Charras. Sin embargo, enfrenta una lucha adicional: la atención médica adecuada para su discapacidad. Aunque ha buscado ayuda y medicamentos en brigadas médicas, siente la necesidad de una atención más constante y especializada para aquellos que, como él, enfrentan limitaciones físicas. Admite que no le gusta andar “dopado”, prefiere las terapias, pues siente que sí le han hecho efecto. 

Nunca tuvo hijos y no está dentro de sus planes a futuro. Para él, el futuro es colectivo. “Quiero sacar esta cooperativa y comunidad adelante, buscar la forma de que todos tengan un ingreso seguro, para asegurar la vejez, porque la mayoría de firmantes de paz están ya mayorcitos, jóvenes quedan muy pocos”.

El día de Marleen Villegas comienza poco después de la salida del sol. Aunque reside en un modesto cuarto, cada día presenta una serie de responsabilidades. Aguarda con la esperanza de encontrar alguna oportunidad laboral que le permita generar ingresos, ya sea vendiendo comida o ayudando a sus vecinos en diversas tareas diarias. Además, dedica tiempo a su formación en panificación a través del SENA. “Ya llevamos más o menos un mes largo y pues ahí estamos estudiando, no abandonamos los estudios”, dice. En el ETCR, completó su educación secundaria y muestra un firme compromiso con continuar capacitándose para avanzar en su carrera laboral.

A pesar de que su rutina no pareciera implicar grandes esfuerzos físicos, enfrentarla no ha sido sencillo para ella. Estando todavía en ‘la mata’, empezaron a asediarla las hernias lumbares, y eso no era viable en la vida guerrillera, donde es normal ir caminando de un lado a otro durante días en medio de la selva cargando objetos pesados. “Nos tocaba trasladar la remesa de un lugar a otro. Siempre nos tocaba andar con un bulto de seis, cinco o siete arrobas. Nos tocaba andar seis, 12  o 13 horas, según el tiempo y el lugar donde estuviéramos, de donde estuviera la remesa o donde pudiera entrar”, explica. 

Ese sobre esfuerzo físico no tardó en pasarle factura. “El peso me hace doler mucho y pues en ocasiones quedaba por ahí gateando o quedaba por ahí empezando a dar pasitos”, recuerda. Los dolores los viene acumulando desde hace ocho años. 

Su vida cambió tras la firma del Acuerdo de Paz. Ya no tuvo que recorrer largas distancias llevando cargas pesadas, pero tuvo que aprender a vivir con los problemas físicos que la aquejan hasta el día de hoy. A esto se suma la estigmatización que enfrenta debido a su pasado.  “Esas personas que están afuera, que muchas veces nos miran como si fuéramos de otro planeta, como si fuéramos personas que nunca hubieran existido, pues nosotros también formamos parte de una nación, es decir, antes de unirnos a las FARC éramos ciudadanos y ahora también somos ciudadanos normales”.

Intenta apaciguar sus pesares con las brigadas que realizan periódicamente en el ETCR de Charras, donde vive actualmente. En esas ocasiones, los médicos le recetan terapias, pero tiene que irse hasta San José del Guaviare para sacar una cita médica que puede tardar entre dos o tres meses. 

Y es que ir a la capital del Guaviare desde Charras no es fácil. A veces sale algún vecino en carro que le hace el favor de llevarla. En otras ocasiones paga el transporte en ‘la línea’ (una camioneta que pasa dos veces a la semana) o si hay disponible una moto, no duda en subirse, aunque “Ya al irme en moto, ya me gasto más de las horas que son, porque ya me toca irme más despacio”. 

Sus dolencias no la limitan, pues actualmente está asociada al Supermercado Buen Día, ubicado en el corregimiento de Charras-Boquerón. Este surgió de una iniciativa de 29 hombres y 29 mujeres firmantes que se asociaron para crear el proyecto en la localidad del Boquerón, un negocio dotado con todo una línea de productos de primera necesidad de la canasta familiar para suplir las necesidades de la comunidad.

Como si fuera poco, también hace parte de la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, donde colabora para mitigar los dolores de las familias durante la búsqueda de sus seres queridos desaparecidos durante el conflicto armado.

Su mayor esperanza es que sus esfuerzos den frutos y contribuyan a ofrecer un futuro mejor para sus hijas de 15 y 13 años respectivamente. No pudo criarlas debido a la complejidad de la vida en la guerra, lo que ha representado un inmenso dolor y huellas en su salud mental. En ocasiones es tratada como una extraña por parte de sus hijas, a las que el conflicto armado las llevó a crecer sin el amor de su madre. Pese a todo, trata de estar presente en sus vidas, visitándolas siempre que puede y compartiendo en lo posible, momentos de calidad. Desea que ellas logren alcanzar esos sueños que no pudo alcanzar.

“Ya pues salimos de allí y pues hoy en día también estamos en esa lucha día a día por seguir nuestras vidas, por ya pasar una segunda etapa y que se siga dando la paz, la paz que se necesita en Colombia, se necesita en todo el mundo. Aquí le estamos apostando a esa firma que dimos. Le estamos apostando con todo, con mente y corazón porque de una u otra manera tenemos que salir adelante”.

En medio de un territorio en el que la ley la imponía las FARC-EP, vivió Luis hasta sus 16 años, cuando estaba a punto de cursar octavo grado. No pudo continuar porque en 1987, tras tres llamados por parte del grupo guerrillero para convencerlo de unirse a sus filas, decidió irse. “En los primeros días a uno siempre le da duro porque uno llega allá y lo primero que dan es entrenamiento básico político militar. El curso duraba tres meses, aunque si uno era bueno, salía más rápido del curso”, explicó.  Luego se especializó en organización de masas, explosivos e inteligencia de combate. 

Barrancominas hace parte del Guainía, el cual, hasta el 2019, era el único departamento de Colombia en contar con un solo municipio: Inírida, su capital. De hecho es el municipio más joven de Colombia, porque el 01 de diciembre de ese año, pasó a convertirse en el 1.103 del país. Allí nació Luis Carlos Forero Carrillo, cuando aún la zona se encontraba en un limbo jurídico dado que, al igual que los departamentos del Vaupés y  Amazonas, no hay una división geográfica municipal como ocurre en el resto de Colombia, porque en estos territorios predomina la población indígena, como el pueblo Curripaco, del cual hace parte.

Al igual que la mayoría de los territorios en Colombia, Barrancominas estuvo inmerso en el abandono estatal y sufrió los vejámenes de la violencia, en este caso a causa del Frente 16 de las FARC-EP, cuando era cabecilla Tomás Medina, alias el ‘Negro Acacio’, quien tuvo durante casi una década un imperio de droga en esta zona no municipalizada, invadiendo territorios indígenas y deforestando para desarrollar sus operaciones de narcfotráfico, según la Gobernación del Guainía. 

La creación de Barrancominas como municipio despertó inquietudes sobre los intereses políticos que han evitado que las poblaciones indígenas administren sus tierras y recursos económicos recibidos del Gobierno. Además, la nueva condición municipal podría abrir puertas a proyectos extractivos, según una investigación de Mongabay.

De acuerdo con la Jurisdicción Especial para la Paz – JEP, las FARC-EP reclutaron 18.667 menores de 18 años en sus cinco décadas de levantamiento armado. Entre 1996 y 2016, sucedieron la mayor parte de los casos y comenzaron con el accionar del Bloque Oriental de la extinta guerrilla, ubicado en los departamentos de Arauca, Boyacá, Cundinamarca, Casanare, Meta, Guaviare, Vichada, Vaupés y Guainía, donde se concentraron el 50% de los reclutamientos del país. 

Durante los casi 30 años en la insurgencia, Luis Carlos no pudo desarrollar una vida familiar. En el pasado conoció una mujer del civil con quien tuvo una hija, pero poco o nada pudo compartir con ella hasta la firma del Acuerdo de Paz. La distancia y los años les convirtieron en desconocidos unidos por nada más que un lazo sanguíneo. Su paternidad la ha vivido realmente con su bebé de dos años de edad, la cual tuvo con su actual compañera. “Ahorita uno comparte con el hijo, con la mamá, es muy diferente cuando está con uno”. 

Pero ser padre teniendo una condición de discapacidad no ha sido fácil. En 1991, en medio de un combate con el Ejército y la Policía en el corregimiento de Puerto Alvira del municipio de Mapiripán, Meta, recibió un disparo en el brazo y posteriormente lo perdió, no por el impacto de bala sino porque recibió atención médica demasiado tarde. “Duré siete días que solamente me hacían curaciones. Por eso cuando llegué a Villavicencio me llevaron a la clínica y me dijeron que tenía gangrena y que la solución era amputar el brazo”. 

No había opción, si los gérmenes que habían causado la gangrena se propagaban a otras partes del cuerpo, la muerte era el destino más seguro. Estaba resignado a perder el brazo pero no la vida, y tras esa experiencia decidió dejar la guerra. Pero abandonar la guerrilla requería de mucho más que perder una extremidad del cuerpo. Luis habló con su comandante para que le permitiera irse, pero la respuesta fue negativa. Le dijeron que debía especializarse en un oficio que pudiera desempeñar sin tener que usar los dos brazos. “Me especialicé como instructor militar, yo daba cursos básicos allá en el frente a los nuevos que llegaban a la organización”, recuerda este hombre que pese a sus vivencias es de sonrisa fácil. 

Su labor en la guerrilla dejó de ser necesaria cuando llegó el Acuerdo de Paz y se trasladaron a Charras, zona que se convertiría en un Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación – ETCR. “Esto era sabana, aquí no había nada”, recuerda. Luego de tantos años en la selva, volver a la sociedad fue complejo, pero había toda una comunidad de firmantes con anhelos de paz. Entre todos y todas, levantaron los cimientos de lo que pasarían a llamar hogar -aunque solo lo sería durante tres meses y luego se trasladarían a un sitio en mejores condiciones-. Inicialmente recibieron apoyo de una empresa que aportó personal de ingeniería pero el trabajo tuvieron que terminarlo por sí mismos porque los profesionales jamás regresaron. No obstante, se van a trasladar al corregimiento Boquerón -no se sabe cuando-, ubicado a casi una hora de Charras. Allá, las y los firmantes tienen un predio que ya les fue entregado formalmente aunque sigue a nombre de la Agencia Nacional de Tierras – ANT. 

En cuestión de salud, las brigadas son lo más cercano que ha percibido. “Aquí tenemos deficiencia en el puesto de salud, aquí no hay medicamento”, afirma. Las medicinas se limitan a pastas para el dolor de cabeza y si acaso alguna otra para dolencias de menor levedad. Incluso cuando llegan las brigadas, otorgan las dosis exactas y se llevan lo que sobre. Por lo que, generalmente debe ir hasta San José del Guaviare para conseguir los medicamentos que requiere. La única ventaja es que cuentan con servicio de ambulancia las 24 horas, pero teniendo en cuenta el estado de las vías en la zona y el tiempo que tardaría en llegar al Hospital más cercano -que queda en la capital del Guaviare y es de II nivel-, los casos graves podrían representar la muerte. 

Durante una visita de la Cruz Roja Internacional, Luis tuvo la oportunidad de ir a Bogotá donde le dieron una prótesis mecánica, “pero a uno no le sirve eso porque no se mueve, ahí solo para aparentar que uno tiene el brazo”. Él quisiera una prótesis robótica o biónica, que utiliza la energía eléctrica originada en el músculo que queda a nivel de la amputación “para uno poder ayudarse”. Además, durante las noches el dolor le perturba el sueño, supone que por la falta de movimiento en la extremidad amputada. Y si la salud física parece ser un lujo, la mental es una fantasía. 

A pesar de todo, Luis ha encontrado fuerzas para superarse. Logró culminar su bachillerato y actualmente estudia administración pública en la Escuela Superior de Administración Pública – ESAP. Aunque el camino ha sido difícil y las promesas del Acuerdo de Paz aún no se han cumplido en su totalidad, sigue manteniendo la esperanza de un cambio que mejore la vida de todas las personas en proceso de reincorporación, con el apoyo tanto de la población civil como de organizaciones internacionales y estatales. “La idea de nosotros es buscar un cambio para mejorar la vida de todos, también con ayuda de la población civil” afirma aun con la esperanza intacta.

María Inés Herrera, tiene 52 años y es oriunda de Puerto Lleras, Meta, pero se crió con sus abuelos en Manta, un municipio ubicado al nororiente de Cundinamarca, hasta los 11 años. Luego se fue al Guayabero con sus padres, después a Bogotá y regresó al Guayabero. Teniendo 14 años, a punto de cumplir 15, se enlistó en la guerrilla de las FARC-EP, donde se especializó como radista e intentó aprender de sastrería pero “hay veces que uno no coge juicio”. 

No sabe porqué se fue, pero algo le llamó la atención. “No sé… Había una enfermera que nos ayudó mucho. Ellos se hicieron coger mucho cariño y a mí me gustaba”.

De su mamá y sus hermanos no supo más hasta que retornó a la vida civil. En la guerrilla tuvo un hijo y lo dejó al cuidado de una niñera que se lo entregó en 1999, al cumplir los 10 años. Pero no podía tener una vida estable, para el año 2000 los paramilitares habían arribado a la zona y ningún lugar era seguro para el hijo de una guerrillera. Entonces su comandante se lo llevó, en ese momento no buscaba convertirlo en guerrillero sino velar por su bienestar, aunque después recibió el entrenamiento básico para engrosar las filas. Pero su vida no se prolongó más allá de la adolescencia, fue asesinado unos días después de haber cumplido los 17 años. María Inés no estaba con él en ese momento. Se enteró hasta casi un mes después, le contaron que fue a causa de una emboscada.

En 1995 se lastimó la rodilla y en 2007 le pusieron una prótesis. Pero a veces se le resbala porque al caminar, es en esa extremidad donde aplica más fuerza. Tampoco puede ir al baño cómodamente, dice que le toca “casi parada”, porque el dolor es insoportable.

En 2007, además de la prótesis, le hicieron una cirugía y un año después sintió molestias en la cadera. Una radiografía reveló que tenía desvío de columna. A los dos años no aguantaba el andar de sus pies y en 2016 recibió otra intervención quirúrgica en la que le pusieron tres tornillos, exactamente tres meses antes del Acuerdo de Paz. En 2018 tuvo resonancia en Bogotá y se encontró la necesidad de añadir más tornillos. 

Recibió terapias porque cuando le hicieron la cirugía, se le durmió parte del pie. Está a la espera de otra operación, pero dice que es más compleja que las que ha tenido y no se siente lista. Mientras tanto, en la otra rodilla ya está sufriendo de artrosis.

Al menos ha recibido los medicamentos necesarios para apaciguar el dolor de sus males. “Pero la mejor droga (y más costosa), no se la dan a uno, toca comprarla”, dice. Igual no acostumbra a tomar muchas pastillas, prefiere aplicarse cremas y estar quieta para no pasar el día adolorida. Incluso hace auto terapias, por ello se organizan con sus compañeros adultos mayores, con alguna discapacidad o con enfermedades de alto costo, para exigir condiciones de vida digna .

Después del municipio de Calamar está el de Miraflores y luego una selva extensa y espesa sin carreteras en medio. Por eso a la mayoría de pueblos de la Amazonía solo se llega en avión. En ese lugar recóndito del Guaviare nació Oscar Tovar hace 34 años. Desde el 2016 está en el ETCR de Colinas, donde llegó tras 14 años siendo parte de las FARC-EP.

En un oscuro episodio de su vida, estuvo encarcelado durante cinco angustiosos meses debido a un falso positivo judicial, una situación que tuvo graves consecuencias para su bienestar mental. El peso de la injusticia y el trauma lo llevaron a experimentar episodios psicóticos, y así, comenzaron a escucharse voces en su mente que lo sumieron en un mundo confuso y desafiante. Le diagnosticaron esquizofrenia y paranoia. Su vida cambió abismalmente.

Desde entonces, su día a día está marcado por la necesidad de tomar medicamentos para mantener a raya los efectos de su enfermedad mental. La EPS le suministra los medicamentos necesarios, pero para obtenerlos, debe viajar hasta San José del Guaviare, ya que en el Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación – ETCR apenas cuentan con un puesto de salud con una escasa dotación de medicamentos, principalmente para enfermedades leves. Sin un cuarto frío adecuado para conservarlos, la medicina podría perder su eficacia y comprometer su bienestar.

En San José del Guaviare recibe también las terapias para su enfermedad mental cada 15 días. Sin embargo, algunos días parecen no ser suficientes, y con paciencia sus vecinos lo apoyan cuando tiene comportamientos en público que él nunca se imaginó tener pero que son impulsados por una enfermedad derivada de la estigmatización y persecución estatal.

Hace 10 años se convirtió en papá por primera vez y dos años después tuvo otra hija, por las que responde económicamente aunque a veces se ve alcanzado. Considera que es necesario generar estrategias de ingresos para el diario vivir, pues aunque él cuenta con un negocio de venta de licor que tiene en arriendo, ha visto que las y los demás habitantes del ETCR lo han tenido más complicado. 

El camino hacia una salud mental plena y una vida digna las y los firmantes de paz, independientemente de su ubicación geográfica, es un desafío que requiere de un enfoque integral y una inversión significativa en servicios de salud mental accesibles y de calidad. La historia de este Óscar es un recordatorio de la importancia de contar con acceso a la atención médica que merecen, sin importar dónde vivan o las circunstancias que enfrenten.

Al cumplir los 16 años, Ana Gutierrez García se fue de la vereda Puerto Alvira, conocida como ‘Caño Jabón’, en Guaviare, para unirse a las FARC-EP. En 1999, ocho años después de haber abandonado el lugar, llegaron los paramilitares, asesinaron a 20 personas y quemaron la mitad del pueblo, prendiéndole fuego a la estación de gasolina. Durante el camino para arribar a la vereda, habían asesinado a siete personas. También dispararon indiscriminadamente a las y los habitantes que transitaban por el río Guaviare durante la toma que duró cerca de tres horas,  así murió una niña indígena de seis años que viajaba con su padre por el río. 

De acuerdo con declaraciones de excombatientes, la masacre se dio por orden de Carlos y Vicente Castaño para quitarle el control de la zona a las FARC-EP que manejaban desde hacía varios años el negocio del narcotráfico, según Rutas del Conflicto. 

Ana había nacido en Inírida, Guainía y a los siete años la llevaron a Caño Jabón. A la guerrilla se fue porque le gustó, pero cuando llegó allá, notó varias cosas que no eran como las imaginaba. “Pero ya uno se va acostumbrando, todo es costumbre”, afirma. 

Su vida ha estado llena de adversidades, pero a lo que más le ha costado adaptarse es a las limitaciones físicas que adquirió hace 20 años. En aquel entonces, mientras cargaba madera, sufrió una caída que le provocó una lesión en la espalda y durante 20 largos días, se encontró postrada en cama, incapaz de caminar. Aunque con el tiempo logró incorporarse nuevamente a sus actividades, su vida cambió drásticamente.

Ya no podía internarse en la selva como solía hacerlo, pues sus capacidades físicas se vieron mermadas. En lugar de recorrer los senderos intrincados y enfrentar los desafíos diarios en la jungla, Ana se vio obligada a permanecer en el campamento la mayor parte del tiempo. Actividades que requerían fuerza física y esfuerzo ahora estaban fuera de su alcance.

“Uno se convierte prácticamente en un estorbo porque uno no puede trabajar ni hacer cosas”, en ese tipo de casos, se dejaba a la persona en una casa para que buscara otras maneras de valerse por sí misma, por lo que, si era necesario, estaba dispuesta a irse porque los malestares le acosaban frecuentemente. 

Pero con la llegada del proceso de paz ya no le fue necesario abandonar a quienes consideraba familia, fue más viable acoger un cambio que no tenía guerra de por medio. Debido a su condición no puede trabajar, su esposo, con quien lleva siete años, es quien la reemplaza en el proyecto productivo colectivo de ganadería que tiene junto a unos compañeros. 

Más allá de recibir atención en un albergue de San José del Guaviare y tomarse una radiografía en Villavicencio, Ana no ha recibido el acompañamiento que necesita para su condición de salud. A la fecha no le han formulado terapias. “Fui y me hicieron unos examenes pero no me dijeron nada”.

Inmediatamente después de decir su edad, Noé Gabriel Garzón Moreno, aclara que su estado civil es soltero. A sus 48 años, esté quizá aún esperando que el amor de una compañera llegue a su vida, alguien que le ayude a recordar cómo eran los paisajes coloridos que abundaban en la ruralidad que constantemente recorría. 

En el 2007, a mediados de junio, se encontraba en la frontera del Meta y Guaviare, donde estaba el Frente 43 de las FARC, cuando fue alcanzado por una mina que lo sumergió en la oscuridad. “Yo no debería estar vivo porque esa bomba era de muerte ¿no? entonces, bueno, para algo me tienen aquí en esta tierra”, recuerda asombrado. 

Fue trasladado de inmediato a Bogotá, donde se sometió a un trasplante de retina en el ojo izquierdo y uno de córnea en el derecho, lo cual contribuyó a su recuperación visual. Después de dos años, regresó a un campamento en Venezuela llevando consigo los medicamentos necesarios. Sin embargo, tras año y medio en el que sus ojos funcionaron correctamente, se agotaron los medicamentos y «se apagó la luz», dice. «Por allá donde estábamos no se conseguían los medicamentos porque son unas gotas que uno tiene que echarse por siempre para prevenir el rechazo e infección y todo eso. Entonces no se pudieron conseguir y se me dañó el trasplante y otra vez volví a quedar así».

Para el 2011 se encontraba en Puerto Ayacucho, frontera venezolana con Puerto Carreño. Allá, sus compañeros le gestionaron una nueva intervención quirúrgica, esta vez en Maracay. Noé no cabía de alegría al haber recuperado la vista, aunque parcialmente, podía moverse sin ayuda y leer con gafas. 

Debía asistir cada cierto tiempo a controles médicos, pero se fue a otro campamento por el río Orinoco para trabajar como financiero. Al tiempo contrajo una infección en el ojo por la contaminación del agua que lo llevó a empezar a perder la visión nuevamente. Después de varios intentos fallidos de regresar a trabajar en la selva, se trasladó a un centro de rehabilitación en Caracas, pero con la crisis económica de Venezuela en 2013, Noé no volvió a percibir efectivo y le fue imposible continuar comprando los medicamentos que necesitaba, así que nuevamente perdió la visión y regresó a Colombia. 

Desde entonces su vida cambió drásticamente. La dificultad para movilizarse y realizar sus labores cotidianas ha hecho estragos en su vida, pues carece de opciones laborales y frecuentemente depende de alguien que le ayude como guía. Utiliza un bastón para ayudarse a caminar, pero suele estrellarse con obstáculos en las calles, mucho más en un territorio rural como Charras. Aunque se siente frenado en su vida y en sus planes, busca formas de seguir adelante. Ha decidido emprender un negocio vendiendo hielo para generar ingresos y mantener su independencia financiera. Reconoce que no es mucho, pero valora cualquier fuente de ingresos y se esfuerza por ser autosuficiente.

En el pasado intentó emprender con pollos de incubadora junto a un socio, pero perdió lo invertido. “Me robó, me decía que se morían, bueno, eso la sociedad no sirve”, dice decepcionado. Lo volvió a intentar con otro compañero, pero esta vez le dio peste a la mayoría de las aves y perecieron. 

Aun así, Noé es de los que no le gusta quedarse quieto. Actualmente está gestionando la posibilidad de someterse a otro trasplante de córnea, esto mediante una posible cita en la Clínica Barraquer en Bogotá, donde espera actualizar sus exámenes y su historial médico para evaluar su estado actual y determinar si es posible realizar otro trasplante. Por eso, está ahorrando para cubrir los costos, que estima en alrededor de un millón de pesos, incluyendo la consulta con especialistas y otros gastos relacionados. Él persiste, quiere volver a ver el campo, quiere mejorar su calidad de vida, quiere seguir apostándole a la paz sin vivir en la oscuridad.

A pesar de enfrentar numerosos desafíos y dificultades, una parte significativa de las y los excombatientes, muchos de los cuales llevan consigo heridas físicas y mentales de la guerra, se mantienen firmemente comprometidos con la paz y buscan construir una vida productiva y pacífica tras el conflicto. Sin embargo, es crucial reconocer que tanto el Estado como la sociedad también desempeñan un papel esencial en asegurar una verdadera reconciliación y construcción de paz en el país.

En este sentido, el apoyo y la atención tanto del Estado como de la sociedad son fundamentales para ayudar a las y los excombatientes a superar los obstáculos que enfrentan en su camino hacia la reintegración. Se deben proporcionar oportunidades significativas para su reinserción en la sociedad, facilitando su acceso a la educación, el empleo, la salud y la vivienda. Además, es necesario brindarles asistencia en el proceso de sanación y rehabilitación para enfrentar las secuelas físicas y emocionales de la guerra.